II Foro Itinerante

El grupo de No Violencia trabaja en los campamentos de refugiados en el Sahara Occidental. Es un grupo de jóvenes saharauis voluntarios/as que trabajan para promocionar la cultura de la no violencia, la resistencia pacífica del pueblo saharaui, el diálogo, la construcción de Paz y la protección de los derechos humanos y los recursos naturales.
Las estrategias no-violentas enfrentan muchas dificultades externas en los campos de refugiados saharauis. Las más relevantes, según el grupo de acción no violenta, son la incapacidad de las Naciones Unidas de garantizar al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación, así como el fracaso de las negociaciones debido a la inacción de la comunidad internacional. A pesar de ello, NOVA continúa con sus actividades de impulso de encuentros y foros como parte del proyecto “Diálogos para la Paz”, y talleres con jóvenes sobre acción no violenta como parte de estrategia de construcción de una cultura de Paz.

La CNTC, creada en 1985 como resultado del proyecto unitario de varios movimientos del país, es una organización campesina, gremial y reivindicativa que lucha por la distribución justa de la tierra. Está afiliada a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y forma parte de la Vía Campesina.
Su propósito es apoyar a las familias campesinas afiliadas para que cuenten con tierra y recursos para desarrollar actividades productivas a nivel agropecuario, forestal y agroindustrial en Honduras, un país mayoritariamente rural y con una marcada desigualdad en la tenencia de la tierra. De hecho, según datos de la FAO, los grupos campesinos solo trabajan el 20% de la superficie agrícola del país.
La CNTC organiza acciones reivindicativas, desarrolla procesos educativos y gestiona recursos para la ejecución de proyectos productivos rentables de agricultura sostenible con enfoque de género. Además, también lleva a cabo investigaciones y seguimiento jurídico de casos: diagnósticos, trámites de legalización de tierras, desalojos y acompañamiento a víctimas judicializadas por estos procesos.

El Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) es una organización cuyo principal objetivo es la defensa del territorio y de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho al agua, a la vida y a la agricultura a pequeña escala. Está conformado por más de 18 comunidades del departamento de Retalhuleu (principalmente del municipio de Champerico), pertenecientes a los pueblos Mam, K’iche’ e Ixil. Como parte de su proceso de articulación, también participan en una red de organizaciones de la región llamada “Red Sur”.
Empezaron a organizarse en 2015 para revertir los impactos provocados por la expansión del monocultivo de azúcar y el uso de agroquímicos y pesticidas a gran escala utilizados por los ingenios azucareros de la región. Estos monocultivos han provocado contaminación de pozos, ríos, lagunas y graves sequías, afectando negativamente al acceso al agua, así como la destrucción de los medios de vida, derivando en problemas de salud, desnutrición y dolencias respiratorias y renales.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) promueve la verdad, la justicia y la reparación mediante la representación jurídica y humanitaria de las personas privadas de libertad por motivos políticos o arbitrariedad estatal. Para ello, incide ante la Justicia Ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los Tribunales Internacionales para el cumplimiento de los derechos a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y de los demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y/o judicializadas por participar en la protesta social.
Si bien después de más de 45 años de existencia el CSPP sigue teniendo un enfoque importante en la promoción de los derechos de personas privadas de la libertad, a esta labor se han venido agregando otras líneas de trabajo. Entre ellas, el Comité desempeña tareas de atención a víctimas, principalmente a víctimas de crímenes de Estado, de desaparición forzada, de desplazamiento forzado y de ejecuciones extrajudiciales, así como asesoría a líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el Comité también trabaja contra la impunidad.

Durante más de tres décadas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha venido acompañando a personas y procesos organizativos afrocolombianos, indígenas y mestizos en zonas rurales y urbanas que han sido afectadas por el conflicto y la violencia. Con presencia en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Meta y Putumayo, la CIJP apoya a las comunidades locales en la exigencia de sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos frente al Estado y frente a actores privados. Para ello, en el plano jurídico de la defensa de la tierra y el territorio, apoya el esclarecimiento de la verdad y la sanción judicial de los hechos de violencia política, ambiental y social que las personas y comunidades han sufrido y brindan apoyo psicosocial para gestionar los impactos causados por la violencia.
Desde mucho antes de la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, la organización ha promovido la construcción de la paz y de una democracia con justicia, apoyando experiencias de memoria, afirmación de la verdad, justicia y reparación en las comunidades que la organización acompaña.

La Corporación Jurídica Libertad fue fundada en 1993 por un grupo de profesionales del derecho que sintieron la necesidad de constituir en la ciudad de Medellín una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde el ámbito jurídico, que contribuyera a la construcción de una paz con justicia social. Uno de los enfoques principales de su trabajo es el acompañamiento y la defensa de comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado, y de poblaciones en riesgo de despojo por la implementación de proyectos de “desarrollo” urbano o proyectos minero-energéticos.
La CJL acompaña a comunidades y organizaciones locales en la lucha contra la impunidad y en la reconstrucción de la memoria histórica para no olvidar los crímenes cometidos por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este ámbito, la CJL representa a víctimas de crímenes de Estado – especialmente a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas – así como a personas defensoras de derechos humanos que sufren judicializaciones.

ASMAC es una organización creada en los años 90 que trabaja con pueblos y comunidades de la sierra Tarahumara, promoviendo sus derechos a la defensa de la tierra y el territorio, a la alimentación, a la educación, al ejercicio pleno de su cultura y al acceso preferente a los recursos naturales presentes en su territorio.
Es una organización especializada en los derechos indígenas que brinda asesoría jurídica para la defensa de sus territorios y recursos naturales, realizando incidencia política en diferentes ámbitos y escalas de gobierno. Así mismo, participa en procesos de diálogos con autoridades y otros actores de la sociedad civil para sensibilizar sobre los derechos de las comunidades. Para ello, estructura su trabajo en tres ejes principales: defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, conservación biocultural y promoción de la sustentabilidad de las comunidades a través de temáticas como acceso al agua, seguridad alimentaria y lucha contra el empobrecimiento del suelo. ASMAC también acompaña a familias en situación de desplazamiento forzado, a lideresas y líderes comunitarios víctimas de hostigamiento, persecución y amenazas, así como a las familias de defensores/as asesinados en la búsqueda de verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición.

El Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) fue fundado en 1986, como una organización feminista, autónoma de influencias ideológicas, de instituciones religiosas y de partidos políticos. Se constituye como un espacio autónomo desde las mujeres para las mujeres, para compartir saberes, conocimientos y ejercer un poder colectivo horizontal, creativo, emancipador, que permita abordar las diversas violencias, discriminaciones y opresiones que enfrentan las mujeres en el sistema patriarcal hondureño.
Es una organización feminista que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres para el buen vivir, contribuyendo al proyecto político emancipador del movimiento de mujeres y feministas, mediante la generación de procesos de transformación individuales y colectivos en la vida de las mujeres tanto en lo público como en lo privado, articulando esfuerzos con el movimiento social para erradicar prácticas y pensamientos patriarcales, capitalistas y racistas que determinan la opresión, la discriminación histórica, la violencia y el empobrecimiento de las mujeres.

La UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis) es una organización de masas vinculada al Frente Polisario, que representa a las mujeres saharauis y cumple un papel fundamental en el sostenimiento de los campamentos de población refugiada y en el desarrollo del Pueblo Saharaui en su conjunto.
Fue creada en 1974 por la necesidad de unión de todo un pueblo por el derecho a la autodeterminación y por la conciencia de la importancia de visibilizar la presencia y protagonismo de las mujeres en la sociedad saharaui.
La UNMS cree en la importancia del papel de las mujeres en la promoción y desarrollo de la sociedad y la construcción de un futuro mejor a través de la puesta en práctica de programas de desarrollo en los distintos ámbitos y en la formación y preparación de cuadros capaces de elevar el nivel de la organización e impulsar su participación en diferentes espacios: político, sociocultural y profesional con el fin de convertir a las mujeres en un elemento eficaz en la toma de decisiones y la construcción de una sociedad democrática, tolerante y con igualdad de oportunidades para todas y todos.